La crisis económica en España se está desenvolviendo con especial virulencia, lo que está dificultando la toma de decisiones en todos los ámbitos de la economía. En poco tiempo, España ha pasado de un periodo de exuberancia, es decir, de fuerte crecimiento y creación de empleo, a un periodo de caos y confusión, caracterizado por la disminución del consumo, de la inversión, del crecimiento económico, así como por la deflación y la menor creación de empresas. Además, aumentan las empresas en concurso y consecuentemente los desempleados. Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación en tan poco tiempo? Al contrario que otros países europeos, la crisis financiera internacional no ha sido la única causa del actual escenario, sino que a través de la contracción crediticia consecuencia de dicha crisis, se han descubierto los graves problemas de una economía española, que durante muchos años ha vivido por encima de sus posibilidades, consumiendo e invirtiendo, principalmente en el mercado inmobiliario, más allá de lo que era capaz de ahorrar a cambio de endeudarse cada vez más con el exterior. Por tanto, el ajuste debía ocurrir, pero lo que no se esperaba es que se produjera con esta virulencia.

            A la hora de analizar la situación económica hay que tener en cuenta que el motor de crecimiento de una economía de mercado son las empresas. Los empresarios asumen los riesgos de invertir su dinero en el negocio, y son las empresas las que desarrollan y comercializan los productos y servicios que adquieren los consumidores, lo que las convierte en la fuente de riqueza de un país. Pero no se debe olvidar que son las empresas las que crean puestos de trabajo, por lo que si la situación empresarial es grave, la situación de los trabajadores también lo será. Por tanto, la estructura empresarial condiciona la situación económica, a la vez que la economía se encuentra también condicionada por la situación empresarial, de modo que las decisiones de política económica (cambios impositivos, variaciones en los tipos de interés, etc.) influyen directamente en las decisiones empresariales. De esta forma, la actual situación aconseja hacer una profunda reflexión sobre la forma en que se ha afrontado el cambio de ciclo y las medidas que se deberían tomar para salir de la crisis.

            En primer lugar, hay que fomentar la actividad empresarial en la economía, pues el número de empresas concursadas no ha parado de crecer en los últimos meses. La destrucción del tejido empresarial es una catástrofe para la economía en general y para los trabajadores en particular, debido a que el número de desempleados se incrementa a un ritmo dramático. De este modo, el aumento del desempleo restringe el poder de compra de las familias, lo que no hace sino aumentar las dificultades de las empresas y por tanto el número de negocios desaparecidos, a la vez que desmotiva a los emprendedores a desarrollar su idea. Por tanto, la recuperación económica y la creación de empleos pasan por incrementar la dinámica empresarial y no por fomentar la intervención pública a través de medidas que no resuelven el problema de fondo (delicada situación empresarial), sino que actúan sobre las consecuencias del problema (desempleo). Las medidas para facilitar este proceso pasan por rebajas de impuestos que permiten al empresario disponer de más renta para invertir y que atraen la inversión exterior, pero también por la reducción de trabas administrativas a la creación de empresas y el fomento del espíritu emprendedor en la sociedad.

            Otra razón de peso para fomentar la dinámica empresarial como base de la recuperación se encuentra en el mantenimiento de la cobertura social. El sistema de Seguridad Social se encuentra actualmente en serios problemas de viabilidad por el simple hecho de ser un sistema de reparto, ya que la financiación del sistema se obtiene de las cuotas patronales y obreras que los empresarios deben pagar para que el sistema distribuya estos fondos entre las diferentes prestaciones otorgadas (desempleo, jubilación, contingencias…). Los problemas se deben a que el número de empresas que se crean es menor, el de empresas concursadas es mayor y por consiguiente el número de desempleados es mayor, lo que reduce la financiación del sistema a la vez que aumentan los gastos por prestaciones de desempleo.

            La segunda medida a tomar sería incrementar la productividad y la competitividad de las empresas. Esta medida es a largo plazo, y supone cambios en el sistema educativo, de modo que se fomente el espíritu de esfuerzo, así como el fomento de la innovación en las empresas para ser más competitivos en productos y procesos con el exterior.

            La tercera medida a tomar debe ser la flexibilización del mercado laboral. Las rigideces de este mercado no hacen sino aumentar la desigualdad entre los propios trabajadores y desincentiva la contratación por parte de las empresas. En primer lugar habría que establecer la productividad como referencia a la hora de actualizar los salarios, pues de esta forma se mejoraría la competitividad de la economía. A su vez se debería sustituir el marco laboral actual por otro más flexible en el que los convenios colectivos se ajustaran a la realidad del momento y en el que el número de convenios se redujera. Por otra parte, debería darse más libertad a empresarios y trabajadores a la hora de decidir las condiciones individuales de trabajo.

            La cuarta medida está relacionada con la actividad del Sector Público y su comportamiento. Las Administraciones Públicas deberían ser ejemplares ante la crisis, pero en lugar de eso mantienen estructuras burocráticas ineficientes que en muchas ocasiones no permiten ofrecer un buen servicio a los ciudadanos. Por otro lado, muchos de los recursos recaudados de los contribuyentes son destinados a actividades u objetivos que priman los intereses políticos antes que los de los ciudadanos. Además, el Sector Público está retrasando pagos a muchas empresas a las que contrata, lo que añade dificultad a la complicada situación de éstas, pues en numerosas ocasiones esas deudas de la Administración (que incluso se juntan con las provenientes de otras empresas), obliga a los empresarios acreedores a buscar liquidez a través de entidades financieras, que no siempre consiguen por la restricción crediticia que aún se mantiene en el sistema financiero, lo que provoca la desaparición de empresas solventes que no podían soportar la falta de liquidez debida a los impagos que sufrían.

            La actitud los poderes públicos encargados de la Política Económica debe ser también puesta en duda en muchas ocasiones. En primer lugar, la negación inicial de la crisis cuando existían datos que demostraban el deterioro de la economía ya no sólo por causa de la crisis internacional, sino por el propio modelo de crecimiento español basado en la construcción (y por consiguiente en el mercado inmobiliario) y el turismo. Este comportamiento por parte de los poderes políticos no ha hecho sino dar una falsa confianza a familias y empresas que dificultó su adaptación a una crisis que se ha caracterizado por la rapidez con la que se ha desatado. Si los agentes económicos hubieran sido prevenidos desde el principio de la crisis, su comportamiento y expectativas se habrían adaptado a la situación, lo que habría ayudado al esfuerzo común necesario para afrontar la situación.

            En este sentido es necesario ir más allá y analizar cómo la desconfianza ha provocado el caos crediticio y si las entidades de crédito tienen toda la culpa. En la actualidad sin extrapolarnos a grandes radios podemos ver como en nuestro entorno más cercano la pequeña empresa se está viendo ahogada por la crisis real que sufre el país, la población española se siente obligada a realizar verdaderos rompecabezas para llegar a fin de mes con garantía. Los ciudadanos tienen abierto un debate popular mirando en dos direcciones: una de esas miradas esta dirigida hacia los poderes públicos esperando soluciones eficientes y la otra mirada esta orientada hacia la fluidez de crédito de los bancos para intentar ayudar a empresas y familias a salir hacia delante.

            El gobierno avalaba la decisión de inyectar dinero a la economía a través de las entidades crediticias, mientras la sociedad esperaba que el crédito fluyera con mayor facilidad hacia los sectores más desfavorecidos. Pero en realidad el trasvase de dinero no está surtiendo efecto alguno. ¿Por qué no fluye el crédito desde los bancos hacia las empresas y las familias? ¿Son tan malos los bancos y cajas de ahorros españolas como parecen actualmente? Cuantas veces se habrá escuchado esta pregunta. Por otra parte, los organismos públicos siguen esperando la salida de la recesión económica por vía demanda externa, intentando incorporarse a las locomotoras de otras economías del mundo. Todo esto bajo una burbuja proclamada a todos los sectores, pidiendo paciencia y confianza. Precisamente la confianza es el principal motivo por el cual no fluye el crédito desde las entidades crediticias  hacia la sociedad.

            Las empresas y familias llegan a las entidades en busca de ayuda, no sólo económica sino en los últimos tiempos hasta psicológica. Cuando surge desconfianza en el mercado nadie esta dispuesto a sembrar incertidumbre en sus cuentas de resultados, ya que los accionistas piden estabilidad en un entorno estratégicamente turbulento. Pese a lo que transmite el estado a la población, los bancos son organismos de capital privado, y por tanto los organismos públicos no pueden exigir dar crédito a la sociedad sin unos estudios de viabilidad basados en los riesgos de las operaciones.

            Es por ello que, cuando un representante de una empresa entra en una entidad crediticia para pedir financiación, se encuentra con que se le pide todo tipo de información de sus estados financieros para realizar dicho estudio, basado en conceptos de riesgo. Por desgracia un número importante de empresas en España  no poseen un futuro cierto de ingresos por lo tanto desde el punto de vista lógico una entidad bancaria no va a prestar dinero a ninguna empresa con incertidumbre en sus resultados. Por este motivo no esta fluyendo el crédito. Lo mismo ocurre en el caso de las familias, cada vez se están dando menos financiación para la compra de viviendas, debido a que las familias no tienen unas buenas características financieras para afrontar la carga de una hipoteca, no se puede dar financiación a personas que van con un endeudamiento por encima del 40% de sus ingresos medios.

Por este motivo, la desconfianza esta expandida por el mercado, y las entidades crediticias no están dispuestas a incurrir en más riesgos debido a la posible morosidad. Queda ejemplar decir que los bancos tienen que hacer fluir el crédito, pero ¿Quién cubre las dotaciones de provisiones y pérdidas reales debido a la morosidad? La entidad o el Estado. Si los bancos fueran públicos el estado podría fluir el crédito como quisiera, pudiendo asumir una cantidad de riesgo infinita. Por tanto, no se puede hacer pensar a la población que parte de la culpa de la crisis real del país es debido a las entidades crediticias por su falta de apoyo, sino que se debe actuar sobre las causas de los problemas.

            En quinto lugar, la Política Económica seguida por el Gobierno ha demostrado ser errónea por varias razones. Ante la recesión, una política basada en Gasto Público no hace sino empeorar las cosas a largo plazo por la sencilla razón de que si no se hacen reformas, el empleo creado sólo dura unos meses, tras los cuales el desempleo sigue aumentando. Además, el crecimiento del déficit consecuencia del gasto se debe financiar a través del endeudamiento, lo que a largo plazo supondrá mayor déficit, pues para un país muy endeudado como España, la calidad de la deuda puede disminuir al emitir más títulos, por lo que el interés deberá aumentar para captar nuevos acreedores, lo que en el futuro supondrá mayor gasto público destinado a pagar la deuda. Además, existe la restricción europea de que para 2012 el déficit público debe situarse de nuevo en el 3% como máximo. Esto provoca que haya que rectificar la política llevada a cabo hasta ahora. La forma de conseguir este objetivo es disminuir gasto o aumentar ingresos. La opción de disminuir gasto es la más adecuada, y se podría conseguir eliminado estructuras ineficientes y gastos no necesarios de las distintas Administraciones. Sin embargo, la opción de subir los impuestos no hará sino empeorar la delicada situación de empresas y familias. Una subida de impuestos a las familias reduce la renta disponible de los consumidores, lo que reduce el consumo y por tanto las ventas de las empresas. Si la subida impositiva se destina a empresas, esto hará que se reduzcan sus beneficios y que disminuyan sus inversiones (con la consiguiente pérdida de riqueza de la economía) y que la inversión extranjera se destine a otros países con menor carga fiscal (lo que supondría una pérdida de competitividad de España). En este sentido, hay que advertir que una mayor presión fiscal sobre las rentas del capital penalizaría el ahorro, lo que sería un gran error teniendo en cuenta que el ahorro debe incrementarse para poder así reducir el endeudamiento externo.

            Por otra parte,  hay que recordar que al pertenecer a la Unión Europea la Política Monetaria se encuentra en manos del Banco Central Europeo. Esto tiene importantes implicaciones para familias y empresas, pues en cuantos otros países (como Francia y Alemania) comiencen a crecer y su nivel de precios aumente, la política a seguir será la de aumentos de los tipos de interés, lo que perjudicará a empresas y familias españolas altamente endeudadas, por lo que se reitera la necesidad de reducir la carga de pagos de los españoles dentro de las competencias atribuidas a las autoridades españolas.

            Para concluir, y a modo de conclusión, resaltar que la economía sólo volverá a crecer cuando la situación empresarial mejore. Los sacrificios de las medidas propuestas son necesarios a corto plazo para no tener unos sacrificios mayores en términos de empleo y bienestar en el futuro. Para ello se requiere una menor intervención estatal y mayor libertad de actuación de las personas. Por tanto, se necesita una política gubernamental que permita a las personas disponer del máximo de sus ingresos y que sea eficiente a la hora utilizar sus recursos, evitando despilfarros de gasto que no actúan sobre las causas de los problemas, sino sobre las consecuencias. También se debe exigir a la Administración que igual que impone pagar los impuestos en la fecha requerida, pague sus deudas en el plazo previsto sin retrasos, pues pone en peligro la situación de las empresas. Por último, se exige que el Estado aporte verdadera confianza en la economía, dando la máxima información sobre sus políticas y no intentando ofrecer una falsa confianza que no hace sino confundir a los mercados y agentes.